Gabriela Salvador revisa el estudio sobre economías ilícitas en Chile de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC, el cual dimensiona un fenómeno que durante demasiado tiempo hemos observado como una suma de delitos: narcotráfico, contrabando, comercio ilegal, extorsión, robo organizado. Según el informe, estas actividades movilizarían más de US$5.700 millones al año –equivalentes a 1,5% del PIB– y provocarían pérdidas de recaudación fiscal superiores a US$1.500 millones anuales. Pero quizá su aporte más importante sea otro: obliga a preguntarnos si estamos entendiendo correctamente la naturaleza económica del crimen organizado.